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La ley Ómnibus admite matices, aunque no para todos

Según informa el Boletín de prensa de la moncola del viernes 18 de diciembre:

El Congreso retira parte de la norma que ha provocado la huelga de taxistas en Madrid

La protesta de los taxistas madrileños por la llamada Ley Omnibus se saldó ayer con cinco detenidos por “violentar el trabajo” de compañeros durante la movilización y la identificación de otros 33. La concentración alteró de manera importante el tráfico de la capital, donde ayer era prácticamente imposible moverse en taxi.

El rechazo de este colectivo al artículo 21 de la ley ha dado lugar a su modificación, según destaca EL PAÍS. Así, ha desaparecido un párrafo sobre las autorizaciones de arrendamiento de vehículo con conductor, que decía que “no podrán condicionar el origen o destino de los servicios”. Con la modificación, los servicios de vehículos de alquiler con conductor tienen que tener como punto de origen la comunidad autónoma a la que pertenece.

La Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio fue aprobada ayer en el Congreso, con los votos a favor del PSOE y BNG, la abstención de PNV y Coalición Canaria y el rechazo del PP.

EL PAÍS 23/LA RAZÓN 46/PÚBLICO 24/EL ECONOMISTA 31

La última línea hace referencia al número de página del diario donde aparece la noticia.  En particular EL PAÍS trata el tema centrando la problemática en el sector del taxi y dando a entender que, en relación a otros sectores la ley se ha quedado corta, el último párrafo dice:

Otros conflictos se han superado en la tramitación de la ley. Los procuradores han conseguido que el ejercicio de esa profesión sea incompatible con otra. La liberalización
sí se ha producido, aunque no tanto como existe en Europa, en los colegios profesionales. Unabogado puede ejercer en cualquier lugar, ajeno a su colegiación geográfica. Esta ley pretende hacer realidad la libertad dentro de Europa de la prestación de servicios como ya existe de mercancías y personas, explica Meritxel Batet. También ha cambiado la relación entre la Administración y las empresas con la eliminación de autorizaciones para el ejercicio de la actividad privada.

Un nuevo ejercicio de demagogia. La realidad es que el Ejecutivo se ha marcado como objetivo aprobar la ley antes de la presindencia europea, y aprovechar su contexto para acabar con los colegios profesionales. El resultado una ley que no cuenta con el consenso necesario, que se quedará sin contenido en cuestiones clave como la simplificación administrativa, y que supone una amenaza real contra el empleo de muchas familias.

Lamentable.

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